Siguen en curso las negociaciones entre el Gobierno griego y las delegaciones de las instituciones para la evaluación del programa de rescate de la economía nacional, en que los acreedores están insistiendo en la necesidad de adopción de medidas de 3,6 mil millones de euros de valor para 2019.

Asimismo, aunque la magnitud de la brecha fiscal del año 2018 no se ha determinado oficialmente, las instituciones estiman que oscilará entre 200 y 700 millones de euros.

Un funcionario que está participando en las consultas, en condición de anonimato, comentó que toda deliberación con los representantes de las instituciones parte de la premisa que resultan imprescindibles medidas fiscales de 3,6 mil millones de euros o, dicho de otro modo, del 2 por ciento del PIB para que se consiga el objetivo de un superávit primario de 3,5 por ciento a partir de 2018.

Según fuentes griegas, los acreedores han pedido que un ahorro de fondos equivalente al 0,75 por ciento que proceda de más recortes en las pensiones, otro 0,75 por ciento del PIB que proceda de la bajada del umbral de la renta exenta de impuestos, mientras que el resto de 0,5 por ciento todavía no se ha determinado.