Se ha presentado ante la Cámara de Diputados el proyecto de ley del ministerio de Protección del Ciudadano, cuyo objetivo es modernizar el marco de celebración de reuniones públicas al aire libre.

El proyecto de ley prevé la notificación anticipada de las reuniones a las autoridades competentes, la creación de una plataforma especial electrónica para informar a los ciudadanos sobre el día y el lugar de la reunión, así como los ajustes correspondientes de tráfico, el nombramiento de un “organizador” encargado de vigilar la celebración regular de la reunión, mientras que las autoridades designarán a un oficial como “mediador”, que sería su enlace con el “organizador” de la reunión.

Asimismo, el proyecto de ley establece penas de prisión para participantes en manifestaciones prohibidas por la policía o para personas infiltradas en manifestaciones para cometer actos de violencia.

El texto además enumera una serie de razones (seguridad pública, alteración de la vida socioeconómica, etc.) por las cuales es posible prohibir una reunión.

Por otro lado, el diputado de SYRIZA, Yannis Ragusis, ha acusado al gobierno de que “durante la junta de los coroneles, en 1971, fue la última vez que hubo una ley sobre manifestaciones y marchas”.